CR-ALAJUELA. Profecía autocumplida. Luis Paulino Vargas Solís

A mediados de los ochenta, hace más de 35 años, en Costa Rica se dio un viraje ideológico que proclamaba: “el Estado no sirve, el sector público no funciona”. La evidencia histórica no respaldaba la idea, puesto que durante los decenios anteriores, el Estado había desempeñado un vigoroso liderazgo, dentro de un movimiento de largo plazo que trajo avances sustanciales, tanto en lo económico como en lo social. En el contexto de una marea ideológica que, a nivel mundial, encabezaban Reagan desde Estados Unidos y Thatcher desde Reino Unido, se concluyó, contra toda evidencia, que el Estado era “el problema”, y se actuó en consecuencia.

Hoy el Estado costarricense es “una profecía autocumplida”. Gradualmente, en un proceso lento pero inexorable, se han recortado sus capacidades de respuesta y se ha cercenado su liderazgo. Débil y entrabado, se le asignan grandes responsabilidades sin darle las capacidades necesarias para cumplirlas, lo que, en circulo vicioso, alimenta la ideología que asegura “que no sirve”, de donde surgen nuevos intentos por debilitarlo aún más.

Hoy el país acumula enormes déficits en los ámbitos más diversos. Mencionemos algunos: transporte público; infraestructura digital; nuevas fuentes energéticas; vivienda popular; infraestructura escolar, sanitaria y de cuido; ordenamiento urbano y desarrollo rural; ciencia y tecnología; puertos y aeropuertos; agua; infraestructura vial.

Resolver estos enormes déficits es absolutamente indispensable para: elevar la productividad y modernizar la economía; crear buenos empleos; lograr ciertos mínimos aceptables de justicia y equidad; enfrentar exitosamente los desafíos del cambio climático y la crisis ambiental. Sobre todo, tener mejor calidad de vida.

Nada de esto se logrará si no es liderado por el Estado, lo cual no excluye, ni mucho menos, la participación de la empresa privada, como asimismo exige una enérgica participación ciudadana. Pero sí es necesario reconocer que hay ciertas funciones que solo el sector público puede cumplir.

Sin embargo, Costa Rica ha decidido que no. Lo cual equivale a decidir que seguiremos atrapados en el mismo círculo vicioso: con aspiraciones cada vez más altas y realizaciones cada vez más pobres.

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