Vengo hoy a proclamar mi oposición rotunda, consciente, razonada y arraigada a las convenciones colectivas del estado costarricense.

No a todas.

Me opongo a la convención colectiva que le otorga exoneración de impuesto sobre la renta a las empresas en zonas francas.

Me opongo a la convención colectiva que le otorga el monopolio de LAICA a los dueños de unos pocos ingenios y los protege con un arancel del 79.5%, mientras le quitan toda protección a los productores de frijoles y maíz y amenazan constantemente a los productores de arroz.

Me opongo a la convención colectiva que permite la evasión fiscal mediante supuesto pago de intereses por falsos préstamos en paraísos fiscales.

Me opongo a esas y muchas otras convenciones colectivas promovidas y convertidas en ley por ministros, presidentes y diputados que ponen al estado al servicio de las grandes empresas a las que ellos sirven.

Las convenciones colectivas de trabajo son otra cosa, no son producto de una entrega sino de una negociación entre los trabajadores y el patrono. Las defiendo como un derecho y como un mecanismo legítimo de negociación. Deben eliminarse algunas gollerías promovidas por los mismos jerarcas para su propio beneficio, pero el mecanismo y los acuerdos deben ser estimulados.