CIENCIAS SOCIALES ITCR SE SUMA A LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA

el

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES DEL ITCR SE SUMA A LA

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA

El Concejo de Escuela de Ciencias Sociales, en Sesión Extraordinaria n° 24-2019

celebrada el 21 de octubre de 2019, artículo 3:

CONSIDERANDO QUE:

1. “Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal

Costarricenses constituyen, desde su fundación, un elemento insustituible

en la búsqueda permanente del desarrollo nacional, en el mejoramiento de

la calidad de vida de la población, en la lucha contra la pobreza y la

desigualdad, en el mantenimiento del equilibrio ambiental y la reducción de

la huella ecológica, en el fortalecimiento de la identidad cultural, en la

potenciación de la participación colectiva, en la igualdad de oportunidades

sin diferencias, entre otras, de género, etnia, religión, extracción social,

preferencia sexual, necesidades especiales y formas de aprender, en el

respeto de la libertad de expresión, en la promoción de la cultura de paz, en

el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, en

la protección de la dignidad esencial del ser humano y el sistema de libertad

y justicia social.

2. Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica garantizan la

autonomía universitaria, el autogobierno y el financiamiento de las

universidades públicas.

3. El Poder Ejecutivo en la persona de la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar,

tomó la decisión unilateral de reasignar, primero, ¢ 70.000 millones y luego

la Asamblea Legislativa ¢ 35.000 millones del FEES 2020, en el rubro de

“transferencias de capital”, lo cual constituye una medida autoritaria que

atenta directamente contra la inversión en Educación Superior Pública de

Costa Rica.

Esta decisión se da a pesar de que el CONARE había aceptado

asignar estos ¢ 70.000 millones, pero tomándolos del presupuesto general

de las universidades y no del FEES.

4. La reasignación del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo y la

Asamblea Legislativa tendrán perjuicios directos en las universidades

públicas, como la posible reducción de becas y servicios estudiantiles,

límites de matrícula, eliminación y restricción de proyectos de

investigación, acción y extensión social, disminución de contratación de

profesores (as), entre otras restricciones ya indicadas por las Rectorías de

las Universidades, todas las cuales ponen en condición de emergencia a las

universidades públicas e impedirán el fortalecimiento de la Educación

Superior Pública.

5. El Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, asumieron, una vez más,

acciones contra la inversión en educación superior, en consonancia y

cumplimiento de una política económica de austeridad y restricción que

atenta contra el Estado social costarricense, incluidas la cultura, la salud y

la seguridad social en general. Esas medidas incluyen, entre otras, la

aplicación de la Regla fiscal, la imposición de un impuesto del 2% a las

compras de las universidades estatales (a pesar de que no se ha definido

un mecanismo para su devolución a las universidades) y la inclusión del

INA y la Red de Cuido, en el 8% del PIB destinado a la educación pública”.

SE ACUERDA:

1. “Hacer un llamado a la defensa del modelo de universidad pública

costarricense, de su papel fundamental en la promoción del desarrollo

humano sostenible y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

2. Rechazar la decisión unilateral del Poder Ejecutivo y de la Asamblea

Legislativa de reasignar cualquier monto del FEES 2020, por contravenir

lo establecido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de

Costa Rica.

3. Asumir el compromiso de reforzar la campaña de comunicación sobre

el aporte de las universidades públicas a la sociedad costarricense,

como acción de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de

los recursos que recibimos del pueblo de Costa Rica.

4. Participar activamente en la marcha del martes 22 de octubre del 2019,

convocada inicialmente por los y las estudiantes de la UNA y la UCR, y

ahora acuerpada de forma unánime por las 5 universidades públicas, en

defensa del Estado y la inversión social, la educación pública superior

garantizada en la Constitución Política de Costa Rica y la defensa de la

autonomía universitaria.

5. Comunicar a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional.”

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