CR- DEFENSA DE TERRITORIOS INDÍGENAS. La verdad sea dicha. Marcos Guevara Berger

Estimado Sr. Arguedas

Le escribo tarde pues no he tenido oportunidad de hacerlo antes. Hasta bien avanzada la noche pude conseguir el periódico La Nación y leer el reportaje aparecido hoy (ayer en realidad, pues es la 1:15 am del día lunes 25 de marzo cuando le escribo). Me habían enviado por whatsapp el enlace al mismo, pero no pude abrirlo pues se me pedía un código que no tenía. Estaba fuera de San José y por eso me di a la tarea de buscar el períodico al volver.

Mi nombre es Marcos Guevara, soy antropólogo de la Universidad de Costa Rica. Sin decir mi nombre, su reportaje alude a mi persona cuando menciona el tema de peritajes con en relación al de identidad indígena, pues fui quien realizó uno de los mismos, quizás el que fue más polémico y cerró el caso referido.

Quiero indicarle que me siento indignado por la versión del conflicto que personas de Casa Presidencial le han dado, haciendo creer que una disputa interna por temas de identidad haya sido la “principal traba” para resolver el tema de territorialidad que tanto defendió Sergio Rojas y hasta dio su vida por esa causa. Me indigna porque es mera excusa para tratar de hacer creer que había una razón lógica por la que no se hubiese procedido a recuperar las tierras indígenas de esa comunidad, cuando no es tal como se lo contaron.

El Estado costarricense lleva mucho más de 40 años sin cumplir las normas que lo obligan a asegurar la totalidad del territorio a la comunidad indígena de Salitre. Además, tampoco lo hizo en otros territorios con condiciones de usurpación semejantes o, incluso, peores que la de Salitre. Ahora hacen parecer que los peritajes que la Universidad de Costa Rica realizó demuestran que el problema de identidad es un impedimento para recuperar las tierras y entregarlas a la comunidad indígena, pero lo cierto es que esos peritajes tienen que ver con otro asunto, el de personas que tratan de legitimar posesiones ilegales en territorios indígenas haciéndose pasar por miembros de la comunidad. Si bien hay diferendos internos en la comunidad indígena de Salitre sobre quién es o no bribri, no hay esas dudas para señalar quiénes son indígenas y son parte de la comunidad originaria de Salitre y sus deswcendientes.

Contra la persona a la que se refiere su reportaje cuando alude al peritaje existe una orden de desalojo y una condena, las cuales no se han ejecutado, es decir que esta persona sigue en libertad y además instalada en el territorio indígena. Existen otras órdenes de desalojo desde hace ya varios años y tampoco se han ejecutado, asunto que la comunidad indígena de Salitre ha reclamado al gobierno reiteradamente. Estas órdenes de desalojo se fundamentan en valoraciones que ha hecho el Ejecutivo y demuestran que se trata de personas no indígenas (de ningún tipo o “linaje”) por lo que no existen dudas sobre la ilegitimidad de su posesión territorial. Venir ahora a decir que no se sabe quién es o no indígena me parece indignante, cuando las razones por las que no se ha hecho nada son otras, de muchos años atrás, gobierno tras gobierno.

Yo se que no podría alegar un “derecho de respuesta” a su prestigioso periódico porque mi nombre no aparece mencionado directamente, pero sí le quiero indicar que coordino un equipo de investigación en la Universidad de Costa Rica integrado por 12 académicos de distintas disciplinas y a cargo del proyecto intitulado “Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica. Aportes interdisciplinarios para su resolución”. Llevamos un año de trabajo, aunque algunos y algunas hemos tenido una larga experiencia de trabajo en la región de Buenos Aires y una de nuestras investigadoras culminó el año pasado en la UNED otro proceso de investigación de 3 años sobre el tema de recuperaciones territoriales en Salitre. Podríamos aportarle, si usted o algún o alguna colega tiene interés, información suficiente para demostrar que lo ocurrido en Salitre, que llegó al punto de que Sergio Rojas, con quien estábamos trabajando y a quien conocíamos de muchos años atrás, fuera asesinado el pasado lunes 18 de marzo, es responsabilidad del Estado costarricense. Aclaro que no estoy culpando a este gobierno del asesinato, eso sería incoherente, pero hay que decir que es el resultado de una continuada inacción estatal la que complicó las cosas hasta llegar a este punto.

No puedo terminar sin decir que hemos sostenido reuniones con don Juan Alfaro, Viceministro de la Presidencia, y con su asesor, Geyner Blanco, compartiendo criterios sobre esta problemática. A pesar de la estima que podemos tenerles, me parece necesario mostrar mi malestar por estas declaraciones que han hecho y por la forma en que sugieren que la Universidad de Costa Rica haya demostrado que el tema de los “linajes” sea el problema para enfrentar las responsabilidades que las normas costarricenses y los instrumentos de Derechos Humanos aprobados por este país, desde 1956, le impusieron contundentemente al Estado costarricense, pero incumplió gobierno tras gobierno.

Estoy a su disposición si lo estima conveniente.

Dr. Marcos Guevara Berger

Cédula 105120354

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