CR. Comunicado de comunidades en defensa de los rÍos a raíz del Encuentro Ríos y Pueblos Libres. Por Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

 

Somos vecinos y vecinas de las comunidades de Bonilla, Santa Teresa, La Suiza, Verbena, Santa Rosa y Ñari Ñak de Turrialba, de La Tigra de San Carlos, la Zona de los Santos, Longo Mai de Buenos Aires y San Rafael, Fátima, Zapotal, San Pedro, San Isidro, Santa Elena, Cristo Rey, Cajón y Rivas de Pérez Zeledón, que decidimos encontrarnos el pasado sábado 16 de marzo del 2019, en San Rafael de Pérez Zeledón. Nosotros y nosotras hemos sido testigos de la destrucción de nuestros ríos en la zona de San Carlos y Turrialba, de la tala e inundación de bosque para embalses e infraestructura de represas, de la desaparición total del agua en los cauces en época seca, de la alteración de los ecosistemas en los ríos, del mal manejo de la acumulación de sedimentos en los embalses y de la afectación a nuestra propia identidad, como pueblos que vivimos alrededor de estos ríos represados. También, somos personas que presenciamos la proliferación de intentos de construir hidroeléctricas desde el 2012 en la zona sur del país, con la aparición de 14 proyectos de capital privado en ríos pequeños, propuestos bajo todo tipo de irregularidades y que por lo tanto se encuentran detenidos en su mayoría.

Como personas que hemos sido influenciadas directamente por el tema eléctrico nacional, primeramente quisiéramos externar que nos enfurece, nos preocupa y entristece conocer que una institución tan fundamental para Costa Rica como lo es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), siga siendo víctima de intentos de debilitamiento y privatización por algunos grupos, como tantas otras veces más a lo largo de su historia. Somos conscientes de los informes de auditoría de la Contraloría General de la República sobre eficiencia y eficacia de generación eléctrica en el país, de los registros de consumo eléctrico del sistema eléctrico nacional de los últimos años, de las declaraciones dadas ante la Asamblea Legislativa tanto por la actual presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, como el anterior presidente, Carlos Obregón, en donde se refleja la clara sobreoferta de electricidad con que cuenta el país (para más detalle revisar Costa Rica Mercado Eléctrico y Privados (2019), de Osvaldo Durán), y por lo tanto, lo innecesario y más bien desventajoso, que resulta seguir comprando electricidad a empresas privadas, pues genera un aumento considerable en los costos para el ICE (por ejemplo entre los años 2010 y 2018 se obligó al ICE a pagar una suma cercana a los $1.333 millones a generadores privados, según datos arrojados por una investigación reciente desarrollada por el despacho del Frente Amplio). Extendemos además, nuestro repudio a las leyes 7200 y 7508, las cuales representan un saqueo sistemático a las finanzas del ICE, obligando a la institución a priorizar la compra de electricidad encarecida a empresas privadas, por sobre la producción propia.

Segundo, quisiéramos reafirman nuestro rechazo rotundo ante los proyectos hidroeléctricos San Rafael, en Pérez Zeledón, y Bonilla 510 y Bonilla 1320, en Turrialba, los cuáles pretenden ser desarrollados por la empresa Hernán Solís (“Hidrodesarrollos del Río Platanares S.A.” para los Bonilla, el cual cuenta con la misma representante legal -Mélida Solís-, así como con un equipo de trabajo uniformados como parte de H. Solís). Denunciamos que desde un inicio NO existió un proceso de información real sobre el desarrollo de estos proyectos, de la empresa con las comunidades en Turrialba. Además, al PH San Rafael en Pérez Zeledón, le han sido concedidos los permisos de uso de suelo de la Municipalidad de Pérez Zeledón, la concesión de aguas de Dirección de Aguas, la concesión para generación de electricidad de ARESEP, la viabilidad ambiental en Setena y finalmente la firma de un contrato para venta de electricidad con el ICE, todas las anteriores bajo diversas irregularidades y a pesar de los señalamientos que hemos realizado ante las mismas instituciones públicas, estas han optado por ignorarnos y continuar con la tramitación de estos proyectos sin tomar ninguna medida en los diferentes casos.

Por tanto, cuestionamos el favorecimiento por parte del Estado costarricense, a una megaempresa conocida además, por históricamente haber sido favorecida por anteriores gobiernos con múltiples contratos públicos multimillonarios en el área de construcción, y varios de estos cuestionados además, por cobros irregulares, por “maquinaciones fraudulentas”, no cumplimiento de los trabajos con las condiciones estipuladas, etc. Cuestionamos además, la decisión de funcionarios del ICE de firmar los contratos de compra de electricidad multimillonarios con H. Solís (Por ejemplo en el caso del PH San Rafael de ₡34,200,000,000, para los próximos 18 años de compra electricidad), sin ni siquiera haber dado espacio a la valoración del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), sobre la conveniencia y necesidad nacional de estos proyectos hidroeléctricos. Es decir, el ICE firmó tres contratos multimillonarios antes de que el ministro de ambiente y jerarca del sector energía, Carlos Manuel Rodríguez, hubiera otorgado la Conveniencia Nacional a estos proyectos, el ICE conociendo además, que es innecesario y perjudicial para sus finanzas, seguir comprando electricidad a empresas privadas. Esto resulta sumamente grave, pues la empresa podría optar por pedir una indemnización multimillonaria al ICE en caso de no construir y desarrollar estos proyectos. Por lo tanto, cuestionamos un favorecimiento hacia la empresa H. Solís y exigimos una investigación hacia los funcionarios del ICE que tuvieron que ver con la firma de estos contratos y que dejaron al país y a la institución, en esta situación de vulnerabilidad.

También, exigimos al gobierno de Carlos Alvarado y a las Municipalidades de Pérez Zeledón y Turrialba, que atiendan las necesidades de nuestras comunidades, olvidadas en la ruralidad, y que se vuelven objeto de manipulación por parte de empresas como H. Solís, quienes pretenden convencernos en este caso, de intercambiar nuestros ríos por un camino funcional, un acueducto, entre otros bienes que son necesarios en nuestras comunidades. Así también, reclamamos que exista una real protección de la Naturaleza y no una continuación de la desafectación de áreas protegidas como ha venido sucediendo en los últimos meses, ni una institucionalidad permisiva y cómplice de negocios de gran impacto, que implican la destrucción irreparable e innecesaria del ambiente. Además, reivindicamos nuestro derecho a participar en la toma de decisiones de nuestras comunidades y del país, especialmente en asuntos que nos afecten directamente como es el caso de estos proyectos hidroeléctricos, los cuáles queremos fuera de nuestros ríos y pueblos.

Así también, exponemos y alertamos de la necesidad del país, de apostar por otras fuentes de generación que no sea la hidroeléctrica y que no implique la afectación de alguna fuente de agua y por lo tanto, del bienestar de las comunidades y ecosistemas a su alrededor. Los ríos representan para las personas que vivimos cerca de estos, fuente de agua para riego de cultivos, para los animales, fuente de turismo y así también de recreación. La afectación de estos implica también una afectación a nuestra dinámica en la comunidad, nuestra economía, supervivencia y también identidad. Especialmente en años con estación seca intensa, como se pronostica para este año, podemos observar como los niveles de agua bajan en gran medida en ríos libres de hidroeléctricas y la desaparición total de agua en el cauce de los ríos represados. Queremos seguir disfrutando del río San Rafael y del Río Bonilla, así como de sus múltiples cataratas como la Bruja, Trillizas, La Morfa y Cueva Quebrada. Tenemos derecho a vivir en un espacio sano y ecológicamente equilibrado y no queremos ni vamos a permitir, que ninguna empresa venga a lucrar con nuestros ríos y a costa de nuestras vidas.

¡Ríos para la vida!

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