CR. Obligación de consulta indígena sobre cualquier obra que afecte sus territorios.*

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Costa Rica está obligada a consultar a indígenas cualquier obra que afecte sus territorios. Gobierno firma decreto que echa a andar mecanismo de consulta de ocho pasos.
En enero del 2017 se realizó una de las giras como parte del proceso de consulta de la consulta. En la foto, la visita al territorio indígena Cabécar Nairi Awari-Bukeri. En enero del 2017 se realizó una de las giras como parte del proceso de consulta de la consulta. En la foto, la visita al territorio indígena Cabécar Nairi Awari-Bukeri.

Con casi tres décadas de atraso desde que recibieron la primera promesa, alrededor de 100.000 indígenas costarricenses lograron que el país se comprometiera a consultarles cualquier actividad que pueda afectar sus derechos en alguno de los 24 territorios que habitan.

En lista de espera de consulta está la construcción de acueductos en algunas de estas comunidades, y hasta de megaobras, como una enorme planta hidroeléctrica en la zona sur del país: el proyecto El Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas.

El gobierno firmó esta tarde el decreto 40.932 que echa a andar el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, para esos y otros proyectos que surjan en el futuro. Fue calificado por la Presidencia como “el primero en América Latina desarrollado bajo el estándar de ‘consulta sobre la consulta'”.

“Son 24 años de deuda histórica, dos años y medio de trabajo, y cientos de años de exclusión, racismo y violencia. Hoy estamos dando un paso importante para ir erradicando esta exclusión histórica a la que el Estado ha sometido a los pueblos indígenas”, dijo Ana Gabriel Zúñiga Aponte, viceministra de la Presidencia a cargo de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, y responsable de este proceso.

Este mecanismo tiene su origen en recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización Naciones Unidas (ONU), informó en un boletín de prensa la Presidencia de la República.

Tras dos años de trabajo, se logró que 22 de los 24 territorios indígenas del país suscribieran una guía con ocho pasos que obliga a las instituciones de Gobierno a preguntar a estas poblaciones cuando vaya a echar a andar cualquier proyecto en estas comunidades.

Solo Alto Chirripó y Talamanca-Bribri no suscribieron el documento. Según Zúñiga, la primera comunidad espera la resolución de un recurso de amparo, y en el caso de Talamanca, la Asociación de Desarrollo local pidió hacer un proceso interno antes de respaldar el mecanismo.

“Es un mecanismo que, como todo documento, no es perfecto, pero tiene alcances importantísimos para nuestros pueblos. Hoy se materializó nuestra voluntad”, Óscar Almengor, indígena.

“Respetuosos de esa dinámica, no queríamos imponer. Previendo eso y porque el mecanismo lo que busca es garantizar los derechos humanos de los indígenas, se estableció un transitorio en el decreto para que en el momento que ellos superen estos asuntos pendientes se puedan incorporar”, explicó la viceministra.

*NACIÓN.COM  Ángela Ávalos6 marzo, 2018

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