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COMUNICADO DE PRENSA

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José integrado por los jueces García Cháves y Rojas Gutiérrez y por la jueza Chinchilla Calderón, mediante sentencia 2019-319 de las 07:30 hrs. del 26 de febrero de 2019, declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y por el defensor particular y, también de oficio, detectó otros vicios en el fallo condenatorio que emitió el juez Sergio Céspedes del Tribunal de Flagrancia de Limón en la causa 18-000244-1130-PE que se ha seguido contra Carlos Andrés Pérez Sánchez por el delito de daños en perjuicio de Recope.

Los hechos juzgados se remontan a la fecha 11 de setiembre de 2018 en que se acusó que se afectaron los tanques de gas licuado en Moín durante el movimiento huelguístico nacional que se produjo en el país.

Producto de lo anterior, el Tribunal de Apelación anuló integralmente la sentencia recurrida, ordenó que se efectuara un nuevo debate para discutir tanto lo penal como lo civil, con los límites de pena y de pretensiones civiles fijados en el juicio hoy anulado y dispuso la inmediata libertad del acusado. Asimismo, dispuso comunicar lo resuelto al Tribunal de la Inspección Judicial para que se determinara si le cabía al juez Céspedes alguna responsabilidad por lo actuado.

Entre los yerros detectados por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal figuran:

a)- que el Tribunal de Flagrancia se constituyó unipersonalmente cuando, por el monto de la pena máxima prevista en el Código Penal para el delito de atentado contra plantas de energía, que le atribuían los acusadores al encartado, debía hacerlo colegiadamente;

b)- que el juez Céspedes no fue separado del conocimiento del proceso pese a que, desde varios años atrás, había sido denunciado por el abogado defensor del acusado;

c)- que, en su sentencia, el juez Céspedes omitió valorar una importante cantidad de prueba y argumentos presentados por las partes, incluyendo del defensor;

d)- que el juez le impuso a Pérez Sánchez una inhabilitación para cargos públicos por 10 años que no está prevista para el delito de daños por el que le condenó y que no fundamentó;

e)- que el juez omitió toda referencia a penas sustitutivas que podían usarse en este caso por cumplirse los requisitos para ello, como el arresto domiciliario y la prestación de servicios de utilidad pública;

f)- que se le denegó al acusado el beneficio de ejecución condicional de la sanción sin una motivación razonable para ello;

g)- que el juez, de oficio, le impuso al acusado un monto mayor de pena que el solicitado por los acusadores y ordenó su prisión preventiva sin motivo legítimo para ello, pues el peligro para la víctima, en que se basó, alude a personas físicas y no jurídicas como RECOPE; solo puede sustentar una medida cautelar durante el debate, pero aquí se impuso en sentencia y encubría un peligro de reiteración delictiva que no se motivó ni lo acepta la Corte IDH, a más de que el imputado había venido cumpliendo las medida cautelares alternas que se le dictaron.

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