CR-HUELGA. La peligrosa mentalidad de la represión: ahora en el PAC. Marcos Chinchilla Montes

Es su alocución a los medios del pasado lunes, Michael Soto, Ministro de Seguridad, tuvo la desfachatez de asegurar que el movimiento de protesta contra el combo fiscal era el responsable de la fuga de combustible que se presentó en una tubería de RECOPE en el Coyol de Alajuela, y para ello recurrió a lo que se podría conocer como la más avanzada técnica de investigación forense al estilo CSI: *la concatenación de hechos.* Así las cosas, para el ministro el solo hecho de que usted sea una de las cientos de miles de personas que adversa el Combo Fiscal, prácticamente le convierte en uno de los “terroristas” que perforó la tubería.

Mayor rigurosidad investigativa externó Raúl Rivera, comandante de la Fuerza Pública, cuando afirmó que “esa situación debe ser investigada por parte del Organismo de Investigación Judicial (…) Sería muy arriesgado establecer o afirmar que fue una situación producto de las personas que se encuentran manifestando no solamente aquí sino a nivel de todo el país”.

Sin embargo, acá surge una pregunta sugerente: ¿A quién le conviene más el sabotaje a la tubería de RECOPE? Tengo la plena certeza que al movimiento social opositor no, es una carta que afectaría cualquier posibilidad de negociación así como la amplia legitimación social que el movimiento ha tomado. Es a los sectores de derecha a quienes beneficia el sabotaje, precisamente porque así obstaculizan cualquier esfuerzo de negociación, minan la credibilidad del movimiento opositor, y presionan al presidente por medidas coercitivas. A la postre, ello les permitiría que el Combo Fiscal se mantenga favorable a los intereses que han impuesto en el proyecto de ley.

El miércoles 12 y luego de la gran marcha nacional que reunió a cerca de 200 mil personas en San José, el Ministro de Seguridad y su huestes dieron una muestra de violencia cuando la emprendieron contra decenas de personas que se encontraban manifestándose en San José. La trifulca protagonizada por la policía se saldó con varias personas heridas que debieron ser trasladas a los hospitales, cuatro detenidas, y el campus de la Universidad de Costa Rica invadido por una manada de policías que más parecían fieras al ataque y que no tenían la menor idea de lo que es la Autonomía Universitaria (y que posiblemente nunca la tengan).
En noviembre del 2012, una situación similar se dio contra 36 personas que fueron golpeadas y detenidas por la policía en una manifestación en San José. En aquella ocasión, la acción policial estuvo comandada por el ahora caído en desgracia Celso Gamboa; en el año 2017, los tribunales de justicia dejaron libres de todo delito a 5 de las personas que habían sido criminalizadas por participar en acciones de protesta social. Dichosamente, esas luchadoras y luchadores no se amedrentaron y no se distanciaron del movimiento social.
El PAC ahora en el gobierno, olvidó con facilidad y en un gesto condescendiente con la derecha, que dos de sus diputados para el año 2012 (Carmen Granados y Claudio Monge) también habían sido víctimas de la acción policial

Para cerrar, dos actos del gobierno que no podemos dejar de lado y que confirman no solo el terror que le tiene a la participación social, sino, como su concepto de democracia se derrumbó de manera estrepitosa en las últimas dos semanas, mostrando un giro peligroso hacia el autoritarismo:

1. Decenas de personas reportaron que los autobuses en que se trasladaban para la gran marcha nacional del día 12, habían sido detenidos por la policía, y que se había impuesto una revisión policial a las unidades. La idea era no solo retrasar el arribo a la capital, sino también amedrentar a quienes iban a participar de la marcha. Una indiscutible muestra de autoritarismo.
2. El 17 de setiembre, la Policía de Tránsito anunció que los autobuses o microbuses de transporte público autorizado que transporten manifestantes se les quitarían las placas y se les haría una multa, arguyendo que “la intención es que los autobuses se utilicen según los permisos con los que cuenta y en las rutas que están autorizados a transitar.” La explicación es poco confiable, y más bien lo que busca es diezmar bajo cualquier argumento, la movilización social.

El gobierno del PAC no solo se contradice al recurrir a la criminalización de la protesta social, sino que también dio muestras de su incapacidad para optar por la negociación política. Mal asesorados por sus allegados del PUSC, fue la diputada Franggi Nicolás del PLN, la que se adelantó de manera estratégica y lanzó una opción de negociación en la Asamblea Legislativa, incluso tomando distancia de aquellos diputados y diputados verdiblancos que responden al arismo.
Posiblemente, para el año 2022 el PAC ya no se presente como PAC, sino como el PCCC, el Partido del Control y la Criminalización Ciudadana.

Marcos Chinchilla Montes, educador UCR. Paso Ancho CR

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