CR. Más sobre la Ruta 27. Manuel Delgado

De acuerdo con la ley, las obras concesionadas deben contar con una entidad supervisora independiente, nombrada por concurso público conforme a la ley de administración pública. Ese supervisora y su trabajo dependen totalmente de la Contraloría General de la República.

En el caso de la ruta 27 ese cargo lo obtuvo en el año 2006 la empresa IMNSA-Ingenieros Consultores, la cual desde un comienzo tuvo graves enfrentamientos con Autopistas del Sol porque ella denunció todas las chanchadas en las que la constructora estaba incurriendo. Esas denuncias se llaman “no conformidades” y se elevan a la Contraloría. En total IMNSA presentó más de 300.

Cuando faltaban poco meses para la inauguración de la obra todavía quedaban unas 150 no conformidades sin resolver (de muchas de ellas fui testigo ocular, pues me camuflé en la obra disfrazado a empleado de IMNSA—como periodista jamás me hubieran dejado entrar). Algunas de ellas eran pequeñas, pero otras eran muy graves: mezclas mal hechas, placas de puentes en mal estado, columnas mal chorreadas, pésimas cunetas, graves daños al medio ambiente y, lo peor, pésimo trato de los taludes.

Entonces constructora y Contraloría armaron un operativo contra IMNSA, la acusaron de cuanto podían y, al final, esta última le rescindió el contrato. Los señores de IMNSA estuvieron a punto de perderlo todo, incluidas sus casas de habitación.

Eliminado el obstáculo de IMNSA, la Contraloría nombró a contrarreloj otra empresa, cuyo nombre no menciono para no invocar al diablo. En pocas semanas ya no había no conformidades y Oscar Arias tenía el camino libre para inaugurar la obra antes de las elecciones del 2010. Apenas 26 días después vinieron los derrumbes que todos conocemos. Poco a poco fuimos descubriendo y denunciando cómo IMNSA tenía razón. ¿Recuerdan mis reportajes en Canal 7?

¿Quién era la Contralora en todo ese proceso? Adivinaron: Rocío Aguilar, actual Ministra de Hacienda.

Me olvidaba: IMNSA ejerció su derecho a recurrir a los tribunales, y después de años dificilísimos ganó el pleito y se obligó a estado a pagarles sumas millonarias. La pagó el estado, no los funcionarios, que ellos nunca son responsables de sus chanchadas.

Así es la historia.

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